Andrés Percaz es el abogado que ha llevado la acción popular en el juicio del caso Egüés. Defiende que la importancia de este proceso es poner coto a la impunidad con la que los constructores pergueñan sus negocios a costa del interés público. Avisa de que una sentencia que no implique a los empresarios en el delito de cohecho será como una puerta abierta para los corruptores y demanda que se limite la capacidad de las grandes firmas para influir en los planeamientos urbanísticos municipales. Para él, el caso Egüés es, sobre todo, la oportunidad de la Justicia de demostrar que son tan culpables de un delito de estas características los políticos que cobran como los empresarios que pagan.
- ¿Cree que habrá una condena ejemplar en este juicio?
La verdad es que creo que no porque considero que una sentencia ejemplar sería aquella que condenara no sólo a Galipienzo y a sus técnicos, sino también a los empresarios que le pagaron. Sospecho que la sentencia dejará fuera a estos y lo sospecho por la aptitud del fiscal y la acusación del ayuntamiento que, pese a reconocer en sus conclusiones que hubo cohecho, no han pedido penas por ese delito. Ellos mismos reconocieron que Galipienzo había adquirido el compromiso de recalificar la parcela y que había cobrado por ello, e incluso el abogado del Ayuntamiento mostró sus dudas de que los pagos no hubieran sido concertados y compartidos por Flores y Aricam, pero, pese a todo, no mantienen los cargos.
- ¿Entonces la sentencia no abarcará tanto a corruptos como a corrompedores?
Está en manos del juez, pero desde luego por los planteamientos del Ministerio Fiscal no será así. Separar la acusación en dos partes, negociaciones prohibidas y prevaricación, rebaja las peticiones de pena y no engloba el delito de cohecho pese a que, como ya he dicho, el propio fiscal reconocía indicios claros que apuntan a ese delito. Es decir, en el planteamiento formal de la causa separa esas dos prácticas para evitar reconocer la existencia del cohecho (que es lo que nosotros hemos denunciado), pero en sus consideraciones finales las une conformando, precisamente, la tipología de ese delito
- Y si no se da esa condena ejemplarizante, ¿sería una decepción?
Desde el punto de vista personal y como ciudadano sí porque sería la prueba de que, una vez más, quedarían impunes los corrompedores. La verdadera naturaleza de este juicio, el hecho diferencial, era que por primera vez se sentaban en el banquillo los que cobraron y los que pagaron, dejar sin responsabilidad a estos últimos sería, a nuestro entender, una muy mala praxis.
Desde el punto de vista profesional no podríamos hablar de decepción porque el proceso se ha llevado bien, hemos superado los intentos que ha habido por sacarnos de él y, al final, hemos podido defender nuestras tesis. Ahora todo está en manos del juez que tiene mucho margen para decidir.
- ¿Se recurrirá una sentencia desfavorable?
Habría que estudiarlo, no es cuestión de recurrir por recurrir. Habría que acreditar que el juez se ha equivocado en sus valoraciones y habría que sustentar en qué erró. Adelantar que va a pasar sin tener la sentencia delante es algo que no podemos hacer.
- ¿Qué conclusiones saca de las cuatro sesiones que ha durado el proceso?
En líneas generales el juicio ha sido muy positivo. En el plano político ha servido para dar continuidad a una comisión de investigación como la que en su día celebró el Parlamento de Navarra y que se cerró en falso como reconocieron los propios socialistas gracias a la mayoría absoluta con la que entonces contaban UPN y CDN.
En cuanto a lo judicial, ha sido muy importante poder debatir sobre las pruebas presentadas, sobre lo que ocurrió y como ocurrió. A nuestro juicio ha quedado acreditada la existencia de un delito de cohecho y creemos que es ineludible responsabilizar de él no sólo a quien cobró, sino también a quien pagó para conseguir ilegalmente una oportunidad de negocio.
- ¿Cual de todas las pruebas presentadas cree que es la más esclarecedora?
A mi juicio, el testimonio de los dos policías forales que siguieron la investigación porque avalaron nuestras tesis y sorprendieron tanto a la Fiscalía como a la defensa del ayuntamiento. El primero certificó que el dinero pagado por Aricam, es decir por Galo Barahona y Emilio Izquierdo, no se ajustaba a ningún tipo de trabajo específico desarrollado por Galipienzo para Aricam. Las facturas no se correspondían con tareas específicas encargadas por esa compañía a uno de sus asalariados, lo que deja claro que esos pagos eran parte de la comisión acordada por Galipienzo para la recalificación del terreno. Eso lo mantuvo también el segundo de los policías, que aseguró ante el tribunal que su opinión es que los pagos estaban íntimamente ligados a esta operación.
Otra de las pruebas fundamentales fue que Conchita Flores declaró en hasta tres ocasiones que sabía que la parcela era escolar. Que de repente aparezca una recalificación parcial y ella acceda a vender tras esa recalificación pagando además una comisión a un intermediario, demuestra que su compañía participó en la manipulación y pagó por conseguir una recalificación que sabía que no podía tener.
- ¿Cómo valora la actuación del Ministerio Público?
Como sorprendente. Desde el principio y con el planteamiento de la cuestión previa, nos quiso sacar a nosotros del proceso para que no se fundamentara una petición de pena más ajustada a los hechos que la que el ministerio solicitó. Y eso queda demostrado, como ya he dicho, en la calificación final de los hechos en la que la propia fiscalía reconoce que se dieron las bases fundamentales de un delito de cohecho, aunque no pidió las pertinentes penas.
- ¿Y de las defensas?
Creo que han hecho todo lo que han podido para defender a sus clientes.
- Enfrentarse a abogados del caché de los defensores de Flores o Izquierdo imagino que es un aliciente.
Es un reto que obliga a estar más atentos al desarrollo del juicio puesto que enfrentarte a litigadores de tanta experiencia exige alerta permanente, sobre todo el primer día, cuando plantearon y justificaron la petición de que nosotros fueramos apartados del proceso como acusación popular.
Sin embargo, también creo que tanto nombre y caché no es garantía de nada puesto que al final nosotros seguimos en el juicio y algunas de las pruebas testificales creo que se les volvieron a ellos en contra. Me refiero básicamente a dos: el testimonio de Manuel Álvarez, el responsable de Salud Laboral 3000, que no fue capaz de aclarar ante el juez su responsabilidad y la de sus jefes de Aricam en el proceso de recalificación, y la del anterior alcalde de Egüés que reconoció que ya se le había advertido a Flores que no se podía cambiar la calificación de la parcela.
- ¿Qué se ha quedado en el tintero en este juicio?
A mi juicio dos cosas. La primera, la responsabilidad real de Aricam en este delito y el fin último que trataban de dar a la parcela. Uno de sus socios, Javier Troyas, hubo de reconocer ante el tribunal que finalmente se iba a dividir la parcela en 188 más pequeñas para construir en ellas viviendas, a pesar de que ellos las llamen apartamentos.
En segundo lugar, la prestación de falsos testimonios ante el juez. Es el caso de Manuel Álvarez y Marco Antonio Caballero, gestores de Salud Laboral 3000, contra quienes hemos pedido la apertura de un proceso por falso testimonio. Ellos fueron los artífices de la compra de la parcela a Flores y de su venta a Aricam a través de Apartamentos Gorraiz y a lo que acudieron a la sala fue a asegurar que no recordaban nada, a falsear las cantidades que cobraron por la oporación y, en definitiva, a engañar al juez.
En el caso de Álvarez, si la juez de Aoiz que instruyó el caso no hubiera decretado el secreto de sumario, nosotros hubiéramos pedido su imputación como colaborador necesario en un delito de cohecho. A nuestro entender, esa figura delictiva quedó clara tras escuchar su testimonio.
- ¿Por qué cree que desistieron de seguir con el proceso el resto de acusaciones populares, me refiero en primer lugar a los concejos del valle y, en segundo, al ayuntamiento de Egüés?
Los concejos dieron tres razones y yo no tengo elementos para cuestionarlas: en primer lugar dijeron haber satisfecho sus aspiraciones con la celebración del juicio; en segundo lugar criticaron que se había tardado mucho en ponerlo en marcha y, en tercer lugar, argumentaron falta de liquidez para poder afrontar el proceso.
En cuanto a la rebaja de peticiones del ayuntamiento, ellos mismos han reconocido que se debe a un acuerdo alcanzado con la gente de Aricam por el cual el consistorio retiraba las acusaciones plantaeadas contra Galo e Izquierdo a cambio de que éstos retirasen las peticiones de indemnización que habían pedido. Es un acuerdo deontológicamente cuestionable, pero ellos sabrán porqué lo han hecho.
- ¿Intentó alguien comprar su silencio para que se retiraran del proceso?
Es difícil que lo consiguieran, sólo digo eso. Y más cuando sabemos que con fecha 26 de septiembre presentaron un escrito en el ayuntamiento para recalificar la parcela S.2.2.
- Es decir, que tienen la certeza de que hay un acuerdo para cambiar el destino que se dará a la S.2.2. ¿el ayuntamiento y Aricam han llegado a un acuerdo de permuta?
La parcela hoy sigue siendo escolar, pero sí, existe ese acuerdo y tiene fecha de 26 de diciembre. Según lo que hemos sabido, ese pacto incluye mantener una parte de la superficie de la parcela para construir oficinas para la venta, mientras otra parte Aricam la entrega al Ayuntamiento a cambio de unidades de aprovechamiento en otras partes del municipio.
- ¿Pero eso es poco menos que dar cobertura a toda la operación?
Es brindarles la ocasión a quienes han corrompido de recuperar una mala inversión y hacer negocio a costa de los intereses de los vecinos de Egüés. Es como el caso de Guenduláin, se están primando los intereses de los constructores por encima de los de la Administración Pública y ésta acaba perdiendo dinero para que los otros la ganen. Sería una vergüenza y por eso los actuales regidores de Egüés mantienen en secreto ese acuerdo.
De hecho, estamos convencidos de que si de este proceso sale una sentencia favorable a los intereses de Aricam, la permuta de los terrenos se realizará, sí o sí, inmediatamente, tanto la permuta como la recalificación de parte de la S.2.2.
- Servirá para algo toda la tramitación de este proceso, es decir, ¿cree que los corruptos toman nota y los corrompedores también?
Si pasa esto último de lo que estamos hablando, evidentemente no. Si hay una sentencia condenatoria también para los empresarios, las cosas cambiarán. Sin embargo la experiencia nos demuestra que los corruptores van diseñando cada vez sistemas más elaborados para tratar de ocultar sus fechorías, de ahí la importancia de estar cada vez más atentos.
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