Parece que las defensas tienen prisa por concluir este juicio. Así al menos lo indica el hecho de que ayer renunciaran directamente a 12 testigos y comparecieran únicamente 4 que debían defender la tesis de que lo ocurrido en el caso Egüés no fue un delito urbanístico, sino una práctica normalizada en el mundo de los negocios. Por la audiencia pasaron alcaldes toledanos, empresarios aragoneses e industriales andaluces que mantuvieron que la interlocución con Aricam, siempre centrada en proyectos de alta alcurnia como urbanizaciones en campos de golf, fue siempre “correcta, ajustada a derecho y sin visos de ilegalidades”. Sin embargo, un vistazo al currículum de alguno de los testigos, no ayuda precisamente a sustentar su imagen de credibilidad.
Campos de Golf en la ribera aragonesa
Sin embargo resulta gracioso que el primero de los testigos que ayer compareció ante el tribunal, Manuel Muñoz, ligado a las firmas Intagro y Empresa Aragonesa de Aguas y Deporte, sea uno de los industriales que el juzgado de instrucción número 1 de La Almunia de Doña Gomina, en Zaragoza, está investigando en relación con la trama urbanística fraudulenta detectada en la localidad de La Muela, en la misma provincia, y por la que fueron detenidas 19 personas, entre ellas la alcaldesa de aquella localidad, Maria victoria Pinilla, del PAR. Los indicios de delito dan idea de la magnitud del caso por el que también se investiga a este constructor: corrupción, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero.
Muñoz, que trabajó junto a Aricam en 2003 en un proyecto para levantar una urbanización con campo de golf en la localidad de Fuentes del Ebro, distante en apenas 30 kilómetros de la capital aragonesa, aseguró que la colaboración era normalizada y que la actuación de Ignacio Galipienzo como asesor e intermediario se desarrolló dentro de los cauces empresariales habituales. El ex alcalde de Egüés actuaba como agente inmobiliario de Aricam y fue presentado a Muñoz por Emilio Izquierdo como “experto en temas urbanísticos”.
Tal fue la diligencia de “Iñaki” a la hora de asumir su papel que, al parecer, se extralimitó. A través de EDGU, la empresa que compartía con su mujer, Eva Iglesias, Galipienzo facturó a Muñoz sin que Aricam figurara en la operación, dos pagarés, el primero por valor de 31.000 euros, por tareas de asesoramiento. Muñoz aseguró que aquellos pagos se debieron a que fue el ex alcalde de Egüés, el mismo que no sabía de la incompatibilidad entre su profesión (promotor) y su cargo en el ayuntamiento, el padre de una “nueva línea de negocio con buenas perspectivas”: las urbanizaciones anejas a los campos de golf.
La macrociudad de El Pocero
José Luis Martín Jiménez fue el segundo testigo en comparecer hoy ante el tribunal. Ex alcalde de la localidad toledana de Seseña (desempeñaba el cargo en 2002), también suscribió el testimonio de que Ignacio Galipienzo actuaba con “absoluta normalidad” como responsable inmobiliario del Grupo Empresarial Aricam (GEA). Por aquella época el ex regidor de Egüés se presentó en Seseña de la mano de Emilio Izquierdo para proponer otro campo de Golf en unos terrenos que Aricam había adquirido en la localidad. La operación se tramitó “sin problemas” y aunque no se ha llegado a realizar, su aprobación no tuvo, según se desprendía del testimonio de Martín Jiménez, ningún problema.
Sin embargo el testimonio de Martín Jiménez queda en entredicho cuando uno se entera de que la Fiscalía Anticorrupción, en julio del año pasado, presentó ante el Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo) una denuncia contra él por las irregularidades cometidas en la recalificación de casi dos millones de metros cuadrados de suelo rústico para que la empresa ONDE 2000, propiedad de Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, levantara 13.500 viviendas. La Fiscalía acusa al ex regidor socialista de prevaricación, cohecho y delitos contra la Hacienda Pública.
La historia tiene paralelismos: En su escrito, Anticorrupción acusaba al ex alcalde de Seseña de haber aprobado la macrourbanización de El Pocero a pesar de que existían informes desfavorables de la Junta de Castilla la Mancha. Una actuación que la Fiscalía vincula con un notable incremento patrimonial de Martín Jiménez. Así, en el año 2002, cuando la empresa de Francisco Hernando presenta su proyecto de urbanización, según "José Luis Martín, sin que conste el origen del dinero, suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros respectivamente y adquirió un bien inmueble en Málaga por 9.617 euros". En mayo de 2003 y sólo 5 días después de que se aprobara el proyecto de Urbanización, dice la denuncia de forma literal que "José Luis Martín suscribió 3 fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos por importe cada uno de ellos de 48.000 euros. Junto a ellos, constan otras suscripciones de fondos de inversión en este mismo año 2003 por importe de 20.000 euros a dos de sus hijos, sin que las rentas declaradas por ellos, sustenten tales inversiones”. Ni el sueldo del ex alcalde (27.000 euros anuales) ni los 144.000 euros del cupón de la ONCE que José Luis Martín asegura que le tocaron justifican, a juicio de la Fiscalía, su incremento patrimonial.
Fuegos artificiales en Borox
El segundo alcalde toledano que desfiló hoy por la Audiencia fue Luis Miguel Díaz Navarro, primer edil de Borox, también por el PSOE. La historia se repitió aunque con una diferencia. Esta vez quien avaló a Galipienzo como responsable de área inmobiliaria de Aricam no fue su consejero delegado, Emilio Izquierdo, sino el también acusado, Luis Galo Barahona, entonces (2003) máximo responsable de GEA.
La línea testifical fue la misma y el mensaje, que “nada raro” hubo en la interlocución con Aricam, Galipienzo y Galo Barahona para proponer la creación en Borox de una urbanización con campos de golf. El proyecto aún está en trámite, pero resulta significativo que, al parecer, Aricam ya ha empezado a pagar favores. Es una menudencia comparado con la magnitud de los negocios de otros testigos, pero ¿sabían que Aricam pagó 30.000 euros para financiar los fuegos artificiales de las fiestas de Borox?
Que el proyecto del campo de golf aún no se haya aprobado definitivamente quizá lo explica el hecho de que Díaz Navarro esté más centrado en planes de mayor envergadura. Tanto es así que en marzo de 2008 Se presentó en Borox, con fiesta para los vecinos incluida, el mayor polígono industrial de la región, de 2,4 millones de metros cuadrados. Bajo la denominación de “Modelo Borox, kilómetro 0”, este proyecto supone, entre otras cosas, la construcción de 2.400 naves para todo tipo de empresas y la creación de 25.000 puestos de trabajo. Pero ahí no queda la cosa, ya que una vez que se vayan creando estos puestos de trabajo se irán desarrollando diversos proyectos residenciales que suman alrededor de 20.000 viviendas de todo tipo en el plazo de unos 25 años, campo de golf incluido.
El último testigo llamado por la defensa fue el empresario onubense Francisco José Alonso Pizarro, con intereses en el sector de los áridos en Huelva. El testimonio de Alonso sirvió también para apuntalar la tesis de que los negocios de Aricam se localizaban en todo el Estado y que las interlocuciones de Galipienzo e Izquierdo llegaban hasta Andalucía. No obstante, en esta ocasión y según señaló el testigo, no hubo acuerdos.
Los peritos
La renuncia de la defensa a 12 testigos aceleró la marcha del proceso y las pruebas periciales que estaban prevista para mañana se adelantaron a hoy. Poca historia tienen estos testimonios técnicos que lo que vivieron a confirmar por boca de los diferentes péritos que pasaron ante el tribunal, es que la parcela de la discordia, la S.2.2. de Gorraiz, fue calificada siempre como suelo de uso escolar.
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