Tres cosas han quedado claras hoy en la jornada matutina del juicio, centrada en el interrogatorio de testigos y técnicos. Por una parte que el departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda no avaló en ningún momento el cambio de uso de la parcela S.2.2. (lo ratificó su entonces director general, Luis Zarraluqui, y el técnico Sáenz de los Terreros); por otra parte, que el juez lo tendrá difícil para sacar algo en claro del entorno empresarial de los acusados (nadie se acuerda de nada…) y, finalmente, que Emilio Izquierdo fue el principal maquinador de la operación fraudulenta y que Ignacio Galipienzo sabía perfectamente lo que hacía cuando se prestó a ejecutarla.
Los técnicos
De los 8 testigos interrogados a la mañana (son los más importantes), hay que destacar las declaraciones coincidentes de Luis Zarraluqui y Saénz de los Terreros. Contradiciendo el testimonio de Galipienzo, Alás y Marco, ambos desmintieron que el Ayuntamiento de Egüés les comunicara en julio de 2002 el cambio de uso de la parcela y, por supuesto, que ellos lo respaldaran. Zarraluqui se enteró por Terreros y entonces envió una carta de advertencia al Ayuntamiento de Egüés sentenciando que ese cambio “bajo ningún concepto” se podía aceptar. El entonces responsable de Ordenación del Territorio fue tajante: “Gallipienzo se extralimitó en sus funciones y nosotros se lo advertimos”.
Los empresarios
En el terreno empresarial el primero en comparecer José Joaquín Senosiáin, presidente del Grupo Empresarial Aricam (GEA) y copropietario del emporio Cetya, Canteras de Echauri y Tiesas. El mayor de los Senosiáin (son tres hermanos) titubeó con los brazos a la espalda ante el interrogatorio de la acción popular. De su testimonios poco se puede sacar en claro salvo sendas contradicciones entre su declaración y lo que consta en las actas de los consejos de administración de GEA y Apartamentos Gorraiz (empresa dependiente del grupo que era la encargada de levantar el apartahotel). Senosiáin aseguró que no recordaban nada de aquellas actas, negó que el contemplará usos diferentes a los del apartahotel y sentenció que la operación se hizo porque era “una oportunidad de negocio”. Sin embargo en los papeles, que cuentan con su firma, queda claro que desde un principio Aricam ideaba que en la parcela recalificada se levantara un complejo de apartamentos y que la estrategia urdida era, en todo momento, la recalificación del terreno.
La declaración de su hermano Isidro Senosiáin, presidente de Apartamentos Gorraiz y consejero de Aricam, fue en el mismo sentido, pero aún más demencial. Él fue quien consultó al ayuntamiento sobre el cambio de uso de la S.2.2. y sin embargo no se acordaba. Él fue quien dio luz verde al proyecto del apartahotel que luego se convertiría en un complejo de apartamentos y tampoco se acordaba. La firma que preside se hizo con la titularidad de los terrenos y ya no la tiene (no sabe como) y, finalmente, tampoco pudo explicar cómo hizo la transferencia de esa titularidad a Aricam ni qué uso futuro se prevé para la parcela. Vamos, que él sólo pasaba por allí…
Lo mismo exactamente que Manuel Álvarez, el presidente de Salud Laboral 3000, empresa participada por Aricam que se encargó de la compra de la S.2.2. a Construcciones Flores, y de la venta, 40 minutos después, a Apartamentos Gorraiz generando una plusvalía de más de 300 millones de euros. Sólo reconoció que él cumplía las órdenes de Emilio Izquierdo y del consejo de administración de Aricam, cuando un buen día se presentó en Pamplona para firmar con Conchita Flores la compra de los terrenos. Aseguró que él no redactó el contrato, que a él le habían “marcado el camino” y que ni siquiera conocía entonces las características de la parcela. Añadió que una recalificación por más de 300 millones como la que posibilitó es algo “normal” y que a él en ningún momento le pareció nada sospechoso. La pregunta es clara: ¿Hace usted recalificaciones como esta todos los días?
El contable
Sólo del testimonio de Óscar Pérez, responsable financiero de Aricam en 2003 y despedido en 2006 apenas unos días después de comparecer en la comisión de investigación del Parlamento, se pudo sacar algo en claro. Pérez sí señaló directamente a Emilio Izquierdo y a Ignacio Galipienzo como los responsables de la operación; sí dijo que el ex director general de Industria con UPN conocía exactamente el destino de las facturas que pagaban los servicios del ex alcalde; y sí reveló que éste reclamaba con énfasis los pagos que se le debían. Nadie le explicó claramente el concepto de esos pagos y tampoco la naturaleza de la operación que se estaba llevando a cavo, simplemente se le dijo que Galipienzo era “el responsable del área inmobiliaria del grupo”.
El testaferro
Lo de Raimundo Cid, gerente de EDGU, la empresa a la que Galipienzo desviaba las comisiones que cobró y cuya titularidad compartía el ex alcalde con su esposa, Eva Iglesias, fue graciosísimo. Cid aseguró que no conocía las cuentas de la empresa que gerenciala, que él no cobró ni un solo euro de EDGU y que simplemente figuraba al frente de la firma por “amistad”. Conoció a “Iñaki” (nombre cariñoso con el que se identifica a Galipienzo) en “un viaje al Caribe” y a partir de entonces trabaron una relación “profunda”. Aceptó ponerse al frente de la firma del ex alcalde y de su esposa por “razones de terrorismo”, puesto que Galipienzo como mandatario municipal de UPN “estaba amenazado”. A partir de ahí no sabe nada más, ni siquiera que una orden bancaria hacía transferencias instantáneas de capital de la cuenta de la empresa a una personal de Galipienzo cuando en caja había más de 3.000 euros.
Lo dicho: el también pasaba por allí……..
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Diario de Noticias y Diario de Navarra han echado el resto en la cobertura de la sesión de ayer. Las declaraciones de los técnicos del departamento de Ordenación del Territorio dieron mucho de sí y contradijeron los testimonios dados en la primera sesión por las personas que están sentados en el banquillo. Os ponemos los links con todas las noticias.
Tres cosas han quedado claras hoy en la jornada matutina del juicio, centrada en el interrogatorio de testigos y técnicos. Por una parte que el departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda no avaló en ningún momento el cambio de uso de la parcela S.2.2. (lo ratificó su entonces director general, Luis Zarraluqui, y el técnico Sáenz de los Terreros); por otra parte, que el juez lo tendrá difícil para sacar algo en claro del entorno empresarial de los acusados (nadie se acuerda de nada…) y, finalmente, que Emilio Izquierdo fue el principal maquinador de la operación fraudulenta y que Ignacio Galipienzo sabía perfectamente lo que hacía cuando se prestó a ejecutarla.
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